Sinteis histórica

“Revolución libertadora” (1955-1958)
En 1955 un golpe militar con amplio apoyo político y social derrocó a Perón, quien marchó al exilio. Tras el breve interregno de Lonardi, militar de corte nacionalista y católico, un nuevo golpe de comando puso al Ejército, representado por Pedro Eugenio Aramburu, y a la Marina, representada por Isaac Rojas, a la cabeza de un gobierno, cuyo objetivo medular era eliminar al peronismo de la vida nacional, apuntando fundamentalmente al movimiento obrero. El decreto 4161 y los fusilamientos de junio de 1956, máxima expresión de la reacción, se combinaron con la reforma de la constitución (1957) y la implementación de un proyecto económico liberal  ideado por Raúl Prebisch, que buscaba desmontar el modelo peronista y lograr la “estabilización” económica con el respaldo del FMI. En este marco de violenta persecución, comenzó la denominada “resistencia peronista”, que se extendió también a numerosos sectores populares no peronistas. No sin oposición interna, el régimen militar concedió una apertura electoral que creyó controlar y que dio paso al período de las democracias condicionadas encabezadas por gobiernos radicales.
Frondizi e Illia (1958-1966)
En 1958 el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, llegó al gobierno tras sellar una alianza con Perón. Sin embargo, su política desarrollista, llevada a cabo mediante la contratación de empresas extranjeras para la extracción de petróleo y la gestión de un crédito del FMI, condicionado a la implementación de medidas liberales, no tardaron en granjearle la hostilidad del peronismo. Para hacer frente a las manifestaciones de descontento, el gobierno puso en marcha el “plan Conintes”, que otorgó al Ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a gremialistas y opositores. Su política exterior y el triunfo del peronismo en las elecciones de 1962 precipitaron un nuevo golpe de estado. Procurando salvar la institucionalidad, asumió el presidente del Senado, el radical José María Guido, cuyo gobierno estuvo tutelado desde las filas castrenses. Las elecciones presidenciales de 1963, con proscripción del peronismo, llevaron a la presidencia a Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La anulación de los contratos petroleros, la Ley de Medicamentos y un aumento en la inversión en salud y educación cosecharon hostilidad en el empresariado. El peronismo, especialmente su base sindical, y la prensa llevaron adelante una fuerte campaña contra el líder radical, dejando el terreno libre para que, una vez más las Fuerzas Armadas, asestaran un nuevo golpe a la democracia. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía asumió de facto el mando del país. Contaba, una vez más, con amplio apoyo político y social.
La “Revolución argentina” (1966-1973)
El general Juan Carlos Onganía aplicó, con apoyo del FMI, un fuerte programa liberal orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos, al tiempo que, bajo los auspicios de la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos, convirtió la persecución del peronismo en la del comunismo y de las guerrillas. Implantó una rígida censura, que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales, incluyendo la intervención de las universidades y la expulsión de profesores opositores, que derivó en lo que se conoce como la “fuga de cerebros”. Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles, las insurrecciones populares (como el Cordobazo) y la organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un golpe interno. En junio de 1970 asumiría Roberto Levingston, de corte nacionalista, que no lograría contener las protestas populares y la actividad guerrillera. Una segunda manifestación popular en Córdoba, conocida como el “Viborazo”, dio por tierra con este nuevo gobierno. En marzo de 1971, asumió Alejandro Agustín Lanusse, quien propugnó una política conciliatoria, a través del GAN (Gran Acuerdo Nacional), permitiendo el regreso de Juan Domingo Perón y convocando a elecciones nacionales sin proscripciones para el peronismo. En marzo de 1973, el triunfo sería para los candidatos de esa fuerza, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima.
Vuelta de Perón (1973-1976)
Entre 1973 y 1976 gobernó nuevamente el peronismo con cuatro presidentes (Cámpora, 1973; Lastiri, 1973; Perón, 1973-1974; e Isabel Perón 1974-1976), quienes intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como el impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de precios. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla, sumados a la crisis económica mundial de 1973, complicaron la situación, que se agravó aún más con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, de conducir el país. Esta crisis fue aprovechada para terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar, que contó una vez más con un amplio respaldo civil.
Dictadura (1976-1983)
La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente de los grandes bancos internacionales y los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por cinco, la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos y de la implementación de una política económica que beneficiaba a los grupos económicos locales y extranjeros.
Raúl Alfonsín (1983-1989)
El 10 de diciembre de 1983, después de casi veinte años, el radicalismo volvía al gobierno tras el triunfo de Raúl Alfonsín. Empujado por la fuerza de los organismos de derechos humanos que nacían tras la feroz represión militar, el líder radical abrió las puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que se reflejó en el informe de la CONADEP y que permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas. Aunque insuficiente para algunos organismos, la política de derechos humanos de Alfonsín fue severamente atacada por amplios sectores militares, que produjeron el movimiento carapintada, los retrocesos hacia las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el último intento guerrillero que culminó en la masacre de La Tablada. Pero lo que había cambiado sustancialmente eran las bases económicas. Con el creciente poderío de los grupos financieros y un mecanismo de endeudamiento externo incontrolable, Alfonsín cedió ante las recetas liberales y no logró reencauzar una economía desindustrializada y anémica. Con escaso apoyo social, frente a un peronismo conspirativo y con los grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a renunciar antes de tiempo. Vendría el tiempo del “menemato”.
Carlos Menem (1989-1999)
La caída del Muro de Berlín y el fin de la era del mundo bipolar se combinaron con el avance de Estados Unidos hacia la región latinoamericana, cuya formulación más emblemática en materia económica fue el Consenso de Washington, una serie de medidas que establecían la aplicación en América Latina de un proyecto de corte neoliberal. Carlos Menem, el candidato peronista que accedió a la presidencia en 1989, procedió paradójicamente a implementar este programa, que se encontraba en las antípodas de su prédica electoral y de los postulados históricos del peronismo. La privatización de empresas estatales, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, entre otras, fue acompañada por una apertura indiscriminada del mercado a los productos y capitales extranjeros y por una política de “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El proyecto se completó con el Plan de Convertibilidad monetaria impulsado por Domingo Cavallo y las renegociaciones de la deuda externa, que provocaron una mayor dependencia y endeudamiento. El modelo suscitó el apoyo de los sectores medios, que inicialmente se vieron beneficiados por la política monetaria y de importación. Pero pronto comenzaron a hacerse visibles los efectos devastadores en términos sociales y culturales, con una explosión de la desocupación y de la pobreza, y con la visibilidad e impunidad de la corrupción a gran escala. A ello se sumaba una política de “reconciliación” plasmada con los indultos a las cúpulas militares que implementaron el Terrorismo de Estado y también a las guerrilleras. El descontento social no se hizo esperar y algunos estallidos populares (Santiagueñazo y piqueteros en CutralCó y General Mosconi) fueron acompañados por la convergencia política de amplios sectores en lo que terminaría conformando el crítico y progresista espacio del FREPASO y la posterior moderada Alianza en 1997, que con Fernando de la Rúa a la cabeza, pondría fin al gobierno menemista en 1999, pero no al modelo neoliberal implementado.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar